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El poder transformador de la agricultura está en manos de los jóvenes

Ahora, más que nunca, debemos esforzamos en la supervivencia del sector primario, y para ello es necesario involucrar a todo tipo de agentes: instituciones, organismos, sindicatos, industria, entidades… Pero lo más importante no puede pasar desapercibido, y es que entre todos tenemos que hacer que la agricultura siga siendo atractiva para las nuevas generaciones.

En estas circunstancias inciertas que nos toca vivir ahora mismo en nuestro país, es crucial apoyar a la industria agroalimentaria para poder ver muy pronto un futuro esperanzador en el campo, y sabemos que sin lugar a dudas, los jóvenes del medio rural deberían recibir una atención especial, porque son potenciales transformadores de este territorio, ya que su participación es crucial para avanzar hacia explotaciones agrícolas y ganaderas más tecnificadas y productivas, al tiempo que respetuosas con el medio ambiente.

Según el Consejo de la Juventud en España, el 20% de los jóvenes que está en el campo trabaja en la agricultura en España, lo cual depende directamente de la tradición agraria de la zona, la propiedad del factor tierra y la capacidad de recuperación frente a la crisis sufrida por el sector primario. Es decir: existe una tradición de fuerte vinculación con el sector agrario en nuestro país, que nos debemos esforzar en mantener.

El 20% de los jóvenes que está en el campo trabaja en la agricultura

Mujeres y hombres recogiendo pacas
Los jóvenes tienen un poder transformador que en la agricultura es especialmente valioso.

Una de las dificultades para la continuidad de las explotaciones agrarias, y por lo tanto del mantenimiento del medio rural, es la problemática existente en el relevo generacional, ya que el 48% de las personas mayores de 54 años no tienen sucesor o sucesora en la agricultura. Otra dificultad íntimamente ligada a la anterior es que la titularidad de las explotaciones agrarias está, en un 60%, a nombre de personas que superan los 54 años, lo que impide el asumir la responsabilidad y desarrollar la iniciativa por parte de los y las jóvenes, lo que impide asimismo, la innovación y la modernización de las explotaciones en muchos de los casos. A su vez, esto va unido a la falta de profesionalización del sector agrario, lo que resta potencial a esta actividad.

Consejo de la Juventud en España.

Hablar de digitalización e innovación es sinónimo de juventud y evolución, que es lo que queremos trasladar a las explotaciones agrarias españolas. Sin embargo, esto no ha de ser una barrera para quienes tienen más edad y desean adecuarse a la transformación digital. La juventud, en este sentido, no equivale a los años, sino a una mentalidad joven que desea adaptarse a los tiempos, innovar y apostar por el futuro.

Recientemente, en el IV encuentro de jóvenes organizado por ASAJA-Córdoba (que se celebró el pasado 10 de marzo), hemos podido conocer casos de éxito en la incorporación de jóvenes al sector agrario. Y es que es necesario poner el foco en aquellos temas de interés para los jóvenes agricultores y ganaderos que se dedican a la actividad agraria. La importancia de los jóvenes y las mujeres rurales se ve en su poder transformador, cómo van modernizando la agricultura con su visión abierta y sus ganas de innovar. Por eso, ha de ser uno de los ejes prioritarios para el gobierno e instituciones que han de promover la agricultura y su permanencia.

Entre todos debemos hacer un medio rural que resulte atractivo para los jóvenes, las mujeres y el talento, para que así contribuya al buen funcionamiento del sector agroalimentario. Hemos de apostar por nuevos modelos de negocio y de emprendimiento, que mediante la digitalización generan actividad económica y puestos de trabajo de calidad en estos territorios. 


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Los aranceles son un tributo obligatorio que hay que abonar, unos impuestos que se aplican solo a los bienes que son importados o exportados. En pocas palabras, son derechos de aduana sobre los productos tanto los que se importan como los que se exportan, y ahí la agricultura tiene un gran segmento.

Su objetivo no es otro que el de regular el mercado. Son los gobiernos los que están en potestad de emitir esos aranceles, en función de las necesidades que contemplen o de intereses frente a otros países. En muchas ocasiones, estos impuestos se utilizan como parte de políticas de control respecto a otros países, así como parte de las relaciones diplomáticas. Organismos supranacionales (como la Organización Mundial del Comercio – OMC) son los encargados de regular que estas políticas arancelarias no se realicen de manera excesiva, de tal modo que puedan afectar al precio de la campaña de ciertos productos.

¿Quién regula el libre comercio?

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la institución que constituye la base del sistema multilateral de comercio. También es la principal plataforma para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países mediante debates, negociaciones y decisiones colectivas. Esta institución es imprescindible para la garantía de un sistema comercial multilateral basado en reglas, estable, equitativo y abierto.

La OMC se estableció el 1 de enero de 1995 como sucesora del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) tras la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Su sede está en Ginebra y sus idiomas de trabajo son el inglés, el español y el francés. Conviene destacar que la OMC no es una simple ampliación del GATT, sino que ha supuesto un significativo avance respecto a su predecesor, porque incluye acuerdos específicos para determinados segmentos (como es el caso que nos compete: la agricultura. En el enlace de abajo está disponible el acuerdo para su descarga).


Los aranceles en España

Existen algunos países en los que no se aplican aranceles a las exportaciones (como es el caso de Perú) y otros los aplica a las importaciones (el caso que más afecta a España en los últimos tiempos es el de EEUU con productos de alimentación). Por eso, es fundamental que los responsables del sector se reúnan con homólogos de otros países para intentar así establecer unas líneas de colaboración que no perjudiquen a la campaña, a los precios, y a las exportaciones. Estos acuerdos que afectan al sector primario se convierten en estrategias de macroeconomía que directamente se relacionan con el PIB del país, lo que da una dimensión política al asunto arancelario.

En España, a finales de febrero, el Ministerio de Agricultura acordó la realización de cuatro mesas de negociación creadas en el marco del Comité Asesor Agrario para dar continuidad a las medidas acordadas en la Mesa de Diálogo Agrario para paliar la situación de crisis que vive el sector agrario. Este paquete de medidas, que algunos calificaron de inútil porque no se ha materializado aún en ninguna medida efectiva, ha comenzado ya con la realización el pasado 10 de marzo de la primera mesas, de seguros agrarios.

Este mes de marzo (aún con la fecha por determinar) tendrá lugar también la primera de las reuniones sobre trasposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales, sobre cuestiones comerciales y sobre fiscalidad. De hecho, es tan importante el tema arancelario que será la primera de las reuniones del resto de mesas de negociación, y que abarca tres temas:

  • Trasposición de la directiva comunitaria sobre las prácticas comerciales desleales
  • Cuestiones comerciales, que incluye los acuerdos con países terceros, brexit y aranceles
  • Fiscalidad, empleo y energía.

EEUU, un mercado de 900 millones de euros

En este momento, las negociaciones con EEUU siguen abiertas por los aranceles al vino y al aceite de oliva, aunque también se ven afectadas las frutas, quesos y conservas (siendo muy perjudiciales para los intereses de los fabricantes). Por ese motivo, las ministras de Exteriores e Industria viajan a Washington esta misma semana para rebajar la tensión comercial, con intención de tirar de la diplomacia para buscar puntos en común con los secretarios de Estado y de Comercio. Las cifras revelan que los aranceles de EEUU afectan a productos españoles cuya exportación anual supera los 900 millones de euros, de ahí la importancia de este acuerdo para el Gobierno de Pedro Sánchez, envuelto en la crisis del coronavirus (que puede suponer un varapalo para la economía de España a corto plazo).


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