El Gobierno ha lanzado un nuevo paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Se trata que del cuarto paquete, que incluye la ampliación de la protección por desempleo a facilidades fiscales para autónomos o un refuerzo de las líneas de liquidez para pymes, muy reclamado por todo el sector agrario.
Se escuchan, por tanto, las críticas y peticiones del sector agrario para que los agricultores y ganaderos autónomos puedan renunciar temporalmente al sistema de tributación por módulos.
¿Qué cambia de la tributación por módulos?
En materia fiscal, se adoptan una serie de medidas para acercar la tributación empresarial a la situación actual de ingresos mermados por la crisis del coronavirus, lo que permitirá (según las estimaciones del gobierno) liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez.
Así, los agricultores y ganaderos autónomos que tributan por módulos -es decir, por cantidades fijas- podrán calcular sus pagos fraccionados de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e ingresos a cuenta del impuesto sobre el valor añadido (IVA) con el método de estimación objetiva -por ingresos reales- durante el estado de alarma, sin que este cambio tenga que ser definitivo como hasta ahora.
También se minorarán los pagos fraccionados de IRPF e IVA en los correspondientes días de estado de alarma, se adaptarán los adelantos a los ingresos previstos para este año y se permitirá supeditar el pago de deudas tributarias a la obtención de financiación de la línea de créditos con aval público.
Paro y empleo agrario
La cobertura de la prestación por desempleo se amplía a los despedidos durante el periodo de prueba o quienes no hayan llegado a incorporarse a su nuevo puesto por la crisis, así como para los fijos discontinuos, que además podrán incorporarse a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Los ERTE del sector agrícola y ganadero con motivo de la pandemia del coronavirus se extienden ahora a las empresas de sectores esenciales que hayan visto reducidos sus ingresos, que podrán limitarlo a una parte de la plantilla.
Otras medidas laborales son la prórroga durante dos meses del carácter preferente del trabajo a distancia, la creación de sanciones específicas para ERTE fraudulentos o la suspensión de plazos para la inspección de trabajo.
Con el propósito de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir pagarés, y se refuerzan los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). Asimismo, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito.
